El exdirector de Inteligencia del Ministerio del Interior, José Luis Gil Becerra, alertó sobre la presencia de 16 organizaciones criminales extranjeras operando en Perú, con la intención de controlar territorios y influir en la política nacional. En declaraciones a la Red de Comunicación Regional (RCR), destacó que el gobierno actual ha dado un paso importante en la lucha contra el crimen organizado al fortalecer el sistema de inteligencia de la Policía Nacional.
Según Gil Becerra, las mafias internacionales que actúan en Perú incluyen, en su mayoría, grupos provenientes de México, Ecuador, Colombia, Brasil y Venezuela. Entre ellas, figuran el Cártel de Jalisco Nueva Generación y Los Lobos de Ecuador, así como las disidencias de las FARC y el ELN en Colombia. Desde Brasil, operan organizaciones como el Primer Comando Capital (PCC), el Comando Bermello y la Gran Familia del Norte, mientras que en Venezuela se encuentra el Tren de Aragua. La finalidad de estos grupos, explicó, se centra en la obtención de dinero, el control territorial y la consolidación de poder político en sus zonas de influencia.
Gil Becerra ejemplificó que en países como México, estas organizaciones ya controlan amplios territorios, como Sinaloa y Jalisco, donde en ocasiones el Estado debe intervenir con el ejército para recuperar el control. En ese contexto, valoró que el gobierno peruano ha iniciado una estrategia efectiva al reforzar la inteligencia policial, reconociendo que una gestión basada en información precisa puede hacer la diferencia en la lucha contra estas redes criminales.
El experto también resaltó la importancia del liderazgo del presidente José Jerí, quien, según comentó, ha demostrado cercanía con la ciudadanía y un estilo de liderazgo diferente, lo que facilitará la implementación de medidas contra el crimen organizado. Como medida concreta, citó el corte de energía en los penales, una acción que podría reducir las extorsiones provenientes de las cárceles, donde las mafias canalizan sus órdenes mediante sistemas de cableado.
Por otro lado, Gil Becerra expresó su desacuerdo con las restricciones en el uso de motos, argumentando que estos vehículos son herramientas legítimas para muchas personas y que su prohibición impacta a ciudadanos comunes. Finalmente, advirtió sobre la grave escasez de personal en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con un déficit estimado en 120 mil efectivos, una situación que limita la capacidad del Estado para combatir eficazmente la criminalidad. Aseguró que, si bien la inteligencia policial es competente, la insuficiencia de recursos humanos representa una gran dificultad en la lucha contra las organizaciones criminales.
