El exviceministro de Minas, Augusto Cauti, expresó su preocupación por la persistente pobreza en Cajamarca, una región con gran potencial minero en Perú. A pesar de contar con abundantes recursos, las barreras ideológicas y la falta de apoyo a proyectos formales han frenado su desarrollo económico, generando un impacto negativo en la calidad de vida de sus habitantes.
Cauti señaló que la ideologización del discurso minero en Cajamarca ha sido uno de los principales obstáculos. Según su análisis, esta postura ha llevado a que algunos gobernadores prioricen conflictos entre la minería y otros sectores, como el agua y la agricultura. Como resultado, muchas obras mineras importantes han quedado paralizadas, profundizando los niveles de pobreza en la región.
El exfuncionario subrayó que, para revertir esta situación, Cajamarca necesita abandonar las posturas ideológicas y aprovechar sus recursos naturales. La minería, especialmente en metales como el oro y el cobre, actualmente con precios elevados, puede convertirse en un motor de crecimiento si se diversifica y desarrolla de manera responsable. Esto también facilitaría la creación de nuevas actividades económicas y empleo formal en la zona.
Por otro lado, Cauti advirtió que la expansión de la minería ilegal en áreas como Hualgayoc, San Ignacio o Santa Cruz, se agrava por la lentitud en la aprobación de proyectos mineros legales. La burocracia excesiva y las demoras abren la puerta a actividades informales y criminales que afectan tanto a la economía formal como a las comunidades locales. En ese sentido, insistió en que la solución pasa por facilitar oportunidades laborales y promover cadenas productivas alternativas.
El exviceministro también hizo un llamado a fortalecer la formalización minera mediante la depuración del Registro de Formalización Minera (Reinfo) y la implementación de un censo minero nacional que identifique claramente a los actores legales. Además, pidió que el Congreso apruebe antes de fin de año una nueva Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala, con reglas claras, plazos razonables y mecanismos de trazabilidad que aseguren una minería responsable y libre de criminalidad.
Finalmente, Cauti resaltó que las operaciones de interdicción contra la minería ilegal deben ser lideradas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, bajo el marco del Estado de Derecho. También enfatizó la importancia de acompañar estas acciones con medidas sociales que protejan a las comunidades vulnerables, muchas de las cuales son extorsionadas por mafias. En cuanto al futuro de la formalización minera, expresó que el Ministerio de Energía y Minas debería dar un pronunciamiento claro y consistente para garantizar continuidad y resultados efectivos en las políticas mineras.
