Las economías ilícitas en Perú continúan siendo una fuente de financiamiento para la violencia y la inseguridad en el país, además de buscar influir en la política mediante recursos de origen ilegal, advirtieron expertos en seguridad y economía. Jorge Zapata, líder de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), junto al analista político Miguel Ángel Ibarra, coincidieron en que las próximas elecciones generales y regionales están siendo afectadas por una fuerte presencia de dinero ilícito proveniente de actividades como la minería ilegal, el narcotráfico, las extorsiones y el sicariato.
Zapata destacó que estos flujos económicos buscan dominar la escena política, financiando campañas y promoviendo la penetración en cargos públicos a nivel local, regional y en el Congreso. En respuesta a esta problemática, diferentes organizaciones y el sector empresarial están promoviendo mecanismos de transparencia electoral que permitan identificar con mayor precisión el origen de los fondos y los antecedentes de los candidatos. Además, se espera que en las próximas semanas el Acuerdo Nacional presente un documento de consenso que establezca controles más estrictos sobre el financiamiento político proveniente de economías ilegales.
Para enfrentar estos desafíos, los expertos coinciden en que las instituciones, en particular la Fiscalía y el Ministerio del Interior, deben contar con recursos modernos y mayor capacidad operativa. La lucha contra el crimen organizado, señalan, requiere mayor inversión en inteligencia, logística y personal capacitado. Zapata enfatizó que la raíz de problemas como la violencia, las extorsiones y el sicariato está en estas economías ilícitas, por lo que la lucha efectiva contra ellas requiere un esfuerzo conjunto y decidido del Estado peruano.
Por otra parte, se advierte que la expansión de la minería ilegal en regiones como Cajamarca agrava aún más la situación, ya que invade concesiones privadas y desalienta las inversiones formales. La falta de un marco jurídico estable y los trámites excesivamente largos favorecen a los mineros ilegales que explotan recursos sin control ambiental ni pago de impuestos, en contraste con los operadores legales que enfrentan retrasos de hasta 50 años para iniciar actividades.
Ibarra añadió que la minería ilegal no sólo impacta en aspectos económicos y ambientales, sino que también nutre las finanzas de grupos criminales, asemejándose a las dinámicas observadas en otros países latinoamericanos como México y Colombia, donde financistas ilegales ejercen una influencia significativa en la política. La debilidad del sistema político, la proliferación de partidos sin representatividad y la corrupción en las instituciones judiciales y penitenciarias facilitan que estos grupos tengan mayor acceso al poder.
El analista alertó que la relación entre minería ilegal y crimen organizado en Perú ha alcanzado niveles alarmantes, con el oro ilegal desplazando a la cocaína como principal fuente de financiamiento ilícito. Esto se debe, en parte, a que la minería ilegal conlleva menores riesgos legales, mayores beneficios económicos y menor fiscalización, lo que la convierte en una amenaza creciente para la estabilidad del país.
En definitiva, la lucha contra las economías ilegales en Perú requiere de una estrategia integral que involucre reformas estructurales, fortalecimiento institucional y mayor compromiso del Estado para proteger su soberanía y sus procesos democráticos.
