La defensora adjunta para el medio ambiente y los pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto Cabanillas, expresó su preocupación ante la posible ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Según ella, esta medida podría favorecer la proliferación de actividades ilegales y criminales en el sector minero del país.
Abanto Cabanillas señaló que la expansión del Reinfo, sin la implementación de alternativas concretas, beneficiaría a los grupos dedicados a la minería ilegal y al crimen organizado. Estas actividades ilícitas, vinculadas a estructuras criminales, no solo afectan la economía y el medio ambiente, sino que también incrementan la inseguridad en diversas regiones de Perú. La defensora advirtió que en los últimos años se han registrado un aumento de ejecuciones extrajudiciales, asesinatos y otros hechos violentos vinculados a estas mafias, que generan un deterioro en la seguridad ciudadana.
El Reinfo, creado en 2016 como una medida temporal, ha sido objeto de discusión para su renovación y expansión. Sin embargo, Abanto Cabanillas recuerda que, en 2026, este mecanismo cumplirá diez años y no ha logrado consolidarse como una herramienta efectiva de formalización minera. En cambio, ha funcionado como una especie de licencia de facto que permite a muchas actividades mineras seguir operando sin cumplir estrictamente con los requisitos técnicos, afectando los derechos de las comunidades locales y sin proteger el medio ambiente.
La defensora alertó que cada ampliación del Reinfo debilita la autoridad del Estado y desvirtúa las políticas mineras. Además, criticó que esta medida envía un mensaje equivocado, sugiriendo que no cumplir con la ley podría ser recompensado, lo que favorece a quienes operan en la ilegalidad. Agregó que también se contempla la reincorporación de más de 50 mil mineros informales que fueron excluidos hace unos meses por el Ministerio de Energía y Minas, un acto que, a su juicio, deslegitima la labor del propio ministerio y vulnera la legalidad.
Finalmente, Abanto Cabanillas recordó que la Constitución establece la obligación de los poderes públicos de proteger el medio ambiente y garantizar un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, por lo que cualquier decisión que favorezca la informalidad y la ilegalidad mineras va en contra de estos principios fundamentales.
