El exdirector de la Policía Nacional del Perú (PNP), General en retiro Eduardo Pérez Rocha, ha emitido duras críticas sobre la incapacidad del Estado para capturar a Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, quien lleva casi dos años prófugo de la justicia. Cerrón fue condenado por colusión y, desde su fuga en octubre de 2023, sigue sin ser localizado, a pesar de múltiples operativos y promesas incumplidas por parte de las autoridades.

Pérez Rocha afirmó que la situación revela una evidente ineficacia en la búsqueda del sentenciado, la cual no puede explicarse sin insinuar la existencia de una red de encubrimiento. En una entrevista con la Red de Comunicación Regional (RCR), el exdirector expresó su preocupación por la falta de resultados en la captura, calificando como “increíble” que, tras casi dos años, Cerrón siga libre sin que las fuerzas policiales logren localizarlo.

Diversos funcionarios y exintegrantes de la PNP han señalado que Cerrón cuenta con la protección de personajes influyentes y que posibles filtraciones, incluso a nivel gubernamental, han dificultado las operaciones policiales. En particular, Jorge Angulo, exdirector de la Dirincri, sugirió que información sensible pudo haberse filtrado a Palacio de Gobierno, obstaculizando las acciones para su captura.

Uno de los temas más polémicos es el presunto uso de vehículos oficiales para facilitar la fuga del líder de Perú Libre. Pérez Rocha mencionó versiones que apuntan a que vehículos de la Presidencia, incluyendo el conocido “Cofre” o un Lexus negro, habrían sido utilizados para trasladar a Cerrón desde un balneario en el sur de Lima. La presidenta Dina Boluarte, en su momento, admitió haber utilizado un vehículo oficial para asuntos personales, pero negó cualquier protección a prófugos, lo que no ha disipado las sospechas en la opinión pública.

El exoficial sostiene que Cerrón no se encuentra en el país y que, si estuviera en Perú, la recompensa ya habría generado información que facilitaría su captura. Además, resaltó que esfuerzos realizados por altos mandos policiales, como el general Óscar Arriola, quien recorrió zonas clave sin encontrarlo, evidencian un incumplimiento grave en la obligación del Estado de hacer cumplir la ley. La controversia sigue abierta y muchos cuestionan si existe una decisión política definitiva para resolver este largo impasse y garantizar justicia.