César Ortiz Anderson, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana, destacó que el estado de emergencia declarado en Lima y Callao representa un cambio significativo respecto a medidas anteriores, que muchas veces carecían de acción concreta. En su opinión, esta vez parece existir una voluntad política genuina para combatir el crimen organizado, aunque advirtió que, si no se logran resultados sostenibles en el corto plazo, la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad podría verse seriamente afectada.
Ortiz Anderson valoró positivamente la franqueza del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, quien reconoció públicamente las limitaciones logísticas de la Policía Nacional, como la escasez de patrulleros y cámaras en funcionamiento. Además, subrayó la importancia de desarticular las estructuras criminales responsables del terror en distintas regiones del país. Para ello, afirmó que es necesario capturar a los delincuentes, sancionarlos con cárcel y deportar a quienes corresponda, acciones que, según indicó, no se realizaron antes por falta de voluntad política.
El dirigente también expresó su preocupación por la fragmentación entre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. La persistencia de un sistema de puertas giratorias, donde los delincuentes son liberados rápidamente tras ser detenidos, representa uno de los desafíos más graves para la seguridad nacional. Por ello, enfatizó que solo con una reforma profunda de estas instituciones, muchas de las cuales están afectadas por la corrupción, será posible avanzar en la lucha contra la inseguridad.
Ortiz Anderson abogó por una visión integral que permita articular mejor las diferentes entidades responsables de la justicia y la seguridad. Recalcó que recuperar el principio de autoridad, fortalecer la inteligencia policial y mejorar la investigación criminal son pasos esenciales. Además, afirmó que el estado de emergencia debe ir acompañado de acciones diarias, monitoreadas y sostenidas en el tiempo para lograr un impacto duradero.
Finalmente, el representante de la asociación consideró que la reciente declaratoria de emergencia debe entenderse como un plan piloto, con potencial expansión a otras regiones con altos índices delictivos. Sin embargo, reconoció que limitaciones presupuestarias y de personal dificultan esa ampliación. En ese sentido, pidió a la ciudadanía mantenerse vigilante y exigir resultados concretos, advirtiendo que el gobierno y su equipo tienen mucho en juego. Si no se obtienen avances efectivos en el corto plazo, advirtió, la confianza en las instituciones de seguridad podría deteriorarse aún más.
