El 18 de octubre de 2025, la comunidad campesina de Pataz expresó su preocupación por las restricciones y excesos durante recientes protestas. Jorge Paredes Terry, asesor de las rondas campesinas de esta región, afirmó que el derecho a la protesta está protegido por la Constitución y que la población busca manifestarse para denunciar lo que consideran un pacto político corrupto.

Según Paredes Terry, las movilizaciones realizadas el miércoles 15 de octubre enfrentaron obstáculos significativos por parte de las fuerzas policiales. Se reportaron cordones policiales que impidieron el avance de los manifestantes, generando roces y tensiones en la zona. En medio de estas acciones, se señaló la posible presencia de infiltrados o personas ajenas a la protesta, lo que habría contribuido a la escalada de la situación.

El representante comunitario también denunció una respuesta policial desproporcionada, que habría culminado en la trágica muerte de un joven durante las protestas. La situación generó alarma en la comunidad, que exige una investigación exhaustiva sobre los hechos.

Asimismo, Paredes Terry criticó duramente las supuestas órdenes del gobierno para infiltrar agentes encubiertos o policías civiles armados en las manifestaciones. Considera que esta práctica es gravísima y atenta contra los derechos constitucionales de los ciudadanos a expresarse libremente y a participar en protestas pacíficas.

Estas declaraciones ponen en evidencia las tensiones entre las comunidades campesinas y las autoridades policiales, en un contexto donde la protesta social busca ser respetada y garantizada por las leyes nacionales. La situación en Pataz refleja el desafío de equilibrar la seguridad pública con la protección del derecho fundamental a la manifestación.