RCR, 15 de octubre de 2025.- La minería ilegal continúa siendo una amenaza significativa para las inversiones formales en regiones como Hualgayoc, Bambamarca y Cajamarca, según afirmó Dante Vera Miller, experto en riesgos y conflictos sociales. En declaraciones a la Red de Comunicación Regional (RCR), destacó que las organizaciones criminales que operan en estas zonas representan un riesgo no solo para la economía, sino también para la seguridad de la población y los trabajadores mineros.
Vera advirtió que estas estructuras delictivas generan un ambiente de inseguridad que afecta el desarrollo de las inversiones legales. “El entorno social en el que se desarrollan estas actividades no ofrece garantías de seguridad para el personal y los empresarios. Existe el riesgo de secuestros, amenazas y extorsiones, lo que dificulta la permanencia y el avance de los proyectos mineros en la región”, explicó.
El especialista resaltó que las mafias organizadas no solo afectan a los inversionistas, sino también a la comunidad local. “Hay un primer anillo de seguridad que pone en peligro a toda la población, incluyendo a los residentes y a quienes trabajan en el sector minero”, subrayó. Además, advirtió sobre las prácticas extorsivas que enfrentan las empresas mineras, como lo ocurrido en Pataz, donde las mafias exigen pagos para permitir el tránsito de insumos o la salida del mineral, y amenazan con dañar instalaciones si no se cumplen sus demandas.
Vera también mencionó que en Cajamarca existen riesgos adicionales, como el robo de mineral, amenazas al personal y solicitudes de cuotas ilegales. Si bien aún no estamos en el punto crítico, advirtió que, si estas tendencias continúan sin control, podrían tener consecuencias graves para la economía nacional, afectando las inversiones y generando inseguridad en la región.
Finalmente, el experto hizo un llamado a combatir la corrupción en los organismos encargados de la seguridad y la justicia, como la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el INPE. Señaló que la presencia de corrupción en estos instituciones, especialmente en cárceles como la de Cajamarca, facilita la operación de estas organizaciones ilícitas y dificulta la lucha contra la minería ilegal. Solo con una estrategia integral y un compromiso firme contra la corrupción será posible reducir estos riesgos y promover un desarrollo sostenible en la región.
