Lima y Callao reforzarán la seguridad con nuevas medidas para prevenir delitos relacionados con motocicletas. Desde el 17 de noviembre, conductores que circulen en motos con dos adultos a bordo podrán ser sancionados y sus vehículos remolcados a depósitos municipales, según anunció el Ministerio del Interior. Esta acción forma parte del estado de emergencia declarado por el gobierno, que busca reducir la criminalidad en ambas jurisdicciones durante los próximos 30 días.
El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, confirmó que la decisión de limitar a un solo pasajero en las motocicletas responde a una estrategia para fortalecer el control territorial. En operaciones recientes, las autoridades han establecido puntos de verificación en avenidas principales, con apoyo de personal de tránsito y las municipalidades, que ya cuentan con depósitos habilitados para internar los vehículos infractores.
Esta medida, respaldada por el Decreto Supremo N° 124-2025-PCM, apunta a frenar delitos que, en muchas ocasiones, se cometen en motocicletas con dos pasajeros. “Estamos adoptando una postura activa contra la delincuencia. No esperamos a que ocurran delitos; iremos tras las personas que delinquen”, afirmó Tiburcio durante una supervisión en San Juan de Lurigancho, junto al presidente de la región, José Jerí.
Por ahora, las autoridades llevan a cabo labores preventivas, verificando la documentación y exhortando a los conductores a cumplir con la prohibición. Solo a partir del 17 de noviembre se aplicarán multas y se remolcarán las motos que incumplan, además de imponer sanciones por no usar casco o chaleco con la placa visible.
El jefe de la Región Policial Lima, general Manuel Vidarte, informó que en las primeras horas de estos operativos se lograron importantes capturas. Entre ellas, la detención de integrantes de bandas dedicadas al robo de vehículos en Lurín, la aprehensión de un extranjero por extorsiones en Puente Piedra y la incautación de armas, municiones y explosivos en San Juan de Lurigancho.
Estas acciones reflejan una estrategia integral, en la que la coordinación entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, las municipalidades y el serenazgo es fundamental. El objetivo es devolver la tranquilidad a los ciudadanos y fortalecer la presencia del Estado en las zonas más vulnerables, garantizando mayor seguridad en el país.
