El exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, valoró de manera positiva la reciente declaración del estado de emergencia en Lima y Callao, implementada por el gobierno como parte de su estrategia para mejorar la seguridad ciudadana y combatir la delincuencia. Sin embargo, subrayó que las medidas adoptadas deben ir más allá de gestos políticos y traducirse en acciones concretas y sostenibles que generen resultados efectivos.
Pedraza destacó que la actual normativa presenta una estructura más sólida que en anteriores ocasiones, incluyendo la creación de comisiones permanentes y la implementación de sistemas de inteligencia que, bien ejecutados, podrían garantizar la continuidad y eficacia de las estrategias de seguridad. En su opinión, se requiere firmeza y propuestas claras para evitar que estas acciones sean solo anuncios sin impacto real.
Uno de los aspectos que consideró clave para fortalecer la seguridad ciudadana fue la creación de una unidad especializada en la lucha contra las extorsiones, un delito que hoy representa uno de los principales flagelos en el país. El exministro recordó que en el pasado, los mayores avances policiales se lograron mediante divisiones especializadas, como los equipos antisecuestros y antiterrorismo. En ese sentido, afirmó que la clave no está solo en declarar estado de emergencia, sino en dotar a dichas unidades de recursos, tecnología y capacidades de inteligencia para enfrentar el problema de las extorsiones de manera efectiva.
Sobre la situación en los centros penitenciarios, Pedraza alertó sobre la persistente presencia de corrupción y el ingreso de objetos prohibidos. Para combatir estos ilícitos, sugirió fortalecer los controles electrónicos y realizar requisas constantes, no solo en momentos de crisis. Además, enfatizó que la presencia y fiscalización permanente del Estado, coordinada entre el INPE, la Policía y la Fiscalía, son fundamentales para reducir la corrupción en las cárceles.
En su análisis, Pedraza resaltó que la lucha contra la inseguridad debe extenderse más allá de Lima y Callao, pues el crimen organizado también afecta regiones del norte y sur del país. Señaló que muchas de las acciones propuestas en el decreto de emergencia, como los apagones y las requisas, no requieren necesariamente una declaración formal, sino una decisión política clara, coordinación institucional eficaz y reglas bien definidas.
Por último, el exministro opinó sobre el reciente fallo del Tribunal Constitucional que dejó sin efecto las investigaciones contra Keiko Fujimori por aportes a su campaña. Consideró que esta decisión no se basa en impunidad, sino en aspectos legales, ya que el financiamiento ilegal a partidos políticos fue tipificado solo en 2019. Por ello, afirmó que no se puede juzgar a alguien por delitos que aún no estaban tipificados en su momento, y que esta misma lógica debería aplicarse en otros casos similares, como el del expresidente Ollanta Humala, a quien defiende legalmente.
