El 22 de octubre de 2025, Eduardo Pérez Rocha, exdirector general de la Policía Nacional del Perú, analizó el reciente decreto que declara estado de emergencia en Lima y Callao. Destacó que esta medida incluye aspectos innovadores, como la participación activa de las Fuerzas Armadas y una delimitación estratégica de zonas de intervención, basada en inteligencia policial. Según Pérez Rocha, el éxito de esta estrategia dependerá en gran medida de su implementación continua y de la captura de las principales redes criminales, como las de extorsión y sicariato.
El exfuncionario afirmó que el presidente José Jerí busca pasar de una postura defensiva a una ofensiva contra la delincuencia. El decreto establece que la Policía Nacional tendrá la responsabilidad del orden interno, bajo el respaldo de las Fuerzas Armadas. Además, se eliminó el derecho a realizar reuniones tumultuarias, una medida que busca reducir la aglomeración en zonas conflictivas. “Este decreto contiene detalles que no estaban presentes en acciones similares anteriores”, sostuvo en una entrevista con Red de Comunicación Regional (RCR).
Otra de las novedades principales es la creación de una sesión permanente del Consejo de Seguridad Ciudadana (CONASEC), liderada por el primer ministro y con la participación de representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público, alcaldías, policía y militares. La finalidad de esta instancia es promover una coordinación rápida y efectiva en la lucha contra el crimen, en contraste con experiencias pasadas que carecieron de un monitoreo constante. Además, el gobierno implementará una estrategia comunicacional activa, utilizando medios estatales para informar sobre avances y medidas implementadas.
Pérez Rocha también hizo énfasis en la preocupación por la situación en los centros penitenciarios, considerados puntos neurálgicos para las actividades de las mafias. El presidente Jerí visitó estas instituciones desde muy temprano y anunció medidas como un apagón carcelario para intentar desmantelar redes de extorsión. Sin embargo, advirtió que existe el riesgo de sancionar a internos que buscan reintegrarse a la sociedad, como aquellos que estudian o aprenden oficios, aunque también reconoció que aún hay delincuentes que ejercen control dentro de los penales.
Aunque el decreto tiene una vigencia inicial de 30 días, la posibilidad de extenderlo está contemplada bajo el marco constitucional. La efectividad de estas medidas dependerá de su ejecución sostenida, de la vigilancia continua del CONASEC y, principalmente, de la captura de las cabezas de las organizaciones criminales que operan en la capital peruana.
