Perú enfrenta un grave rezago en infraestructura, ubicándose en la penúltima posición entre 67 países en desarrollo según un informe reciente del Instituto Peruano de Economía (IPE). La falta de avances en servicios básicos y obras viales sigue siendo un desafío crucial, especialmente en las zonas rurales y alejadas del país.
Las brechas en el acceso a agua potable y saneamiento son de las más acuciantes. Diversas regiones como Loreto, Pasco y Apurímac mantienen plantas de tratamiento de aguas residuales paralizadas, lo que agrava los problemas en saneamiento. La cobertura de agua potable permanece estancada, y la calidad del servicio que reciben los hogares continúa siendo deficiente, afectando la salud y el bienestar de las comunidades rurales.
En materia de infraestructura vial, aunque desde 2012 hasta 2024 se ha registrado un incremento del 25% en la cantidad de kilómetros de carreteras construidas o mejoradas, la satisfacción de los usuarios con estos servicios ha disminuido significativamente, pasando del 50% al 26%. Esto indica que la mejora en cantidad no necesariamente ha ido acompañada de un aumento en la calidad, una problemática que preocupa a expertos y autoridades.
El especialista del IPE subrayó la importancia de fortalecer las capacidades técnicas de las autoridades regionales y locales para acelerar la ejecución de estos proyectos. La capacitación en inversión pública y gestión de proyectos resulta fundamental para destrabar obstáculos que retrasan las obras y asegurar su eficiencia.
Asimismo, destacó el papel de las alianzas público-privadas (APP) y las obras por impuestos (OXI) como mecanismos clave para cerrar brechas de infraestructura. En 2023, el monto adjudicado a través de APP alcanzó los 8 mil millones de dólares, y se lograron concretar 116 obras mediante el esquema de OXI, cerca de la cifra del año anterior.
ProInversión, la agencia encargada de promover la inversión privada, juega un rol estratégico en el impulso de estas iniciativas. Las recientes reformas legales han fortalecido su gestión, facilitando la ejecución de proyectos en transporte, saneamiento y comunicaciones, especialmente en regiones alejadas del país.
El experto del IPE destacó que potenciar la colaboración entre el Estado y el sector privado es esencial para mejorar la infraestructura y acelerar el desarrollo en todo el territorio nacional, garantizando así mejores servicios y mayor bienestar para la población.
