Lima, 29 de septiembre de 2025 – La situación del Ministerio Público en Perú atraviesa su peor crisis en décadas, según alertan expertos en derecho y constitucionalistas. El reconocido abogado especializado en derechos constitucionales, Jorge Luis Rioja Vallejos, advirtió que la institución enfrenta una profunda inestabilidad que pone en riesgo la lucha contra la corrupción y el respeto a la legalidad en el país.
Rioja destacó que, en los últimos dos años, el Ministerio Público ha pasado por la salida y nombramiento de cuatro fiscales de la Nación, incluyendo dos titulares y dos interinos. Esta rotación constante refleja un escenario de incertidumbre y desgobierno institucional, que podría afectar la continuidad en investigaciones importantes, especialmente en casos de alta relevancia pública y política.
El jurista también censuró decisiones polémicas, como la participación de fiscales en la Comisión Especial que selecciona a magistrados de la Junta Nacional de Justicia, una acción que contraviene las normativas que establecen que tales cargos deben ser ocupados solo por funcionarios titulares. Además, cuestionó la tendencia de que las altas autoridades del Ministerio Público sean reinstaladas mediante resoluciones del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, mientras que en los niveles inferiores los fiscales parecen estar sometidos a líneas políticas y decisiones del momento.
Uno de los mayores riesgos, según Rioja, es la posible manipulación de procesos judiciales relevantes en casos de corrupción, donde frecuentes cambios de fiscales podrían favorecer la prescripción de delitos. También criticó la provisionalidad en la designación de fiscales de apoyo, que en ocasiones dejan en duda la continuidad y la contundencia de las investigaciones.
El experto subrayó que los procesos judiciales por delitos de corrupción deben resolverse en un plazo máximo de dos años, empleando herramientas de inteligencia estatal, como la Unidad de Inteligencia Financiera, SUNAT y la Policía Nacional, para garantizar una justicia efectiva y oportuna. La prolongación de investigaciones, afirmó, no solo viola derechos fundamentales, sino que también alimenta la desconfianza ciudadana en el sistema judicial y favorece la impunidad.
Finalmente, Rioja hizo un llamado a una profunda reforma en la estructura del Ministerio Público, que incluya profesionales comprometidos con su mandato constitucional y que garantice la recuperación del principio de autoridad. La crisis actual, puntualizó, es responsabilidad de todos los exfiscales y los fiscales en funciones en los últimos 42 años, y solo con una reforma integral será posible devolver legitimidad y confianza en el sistema de justicia peruano.
